Carlos Mir Cárdenas, consultor regional para América Latina en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y colaborador en la formulación de la estrategia nacional de electromovilidad, expone cuáles son las condiciones normativas que deben ocurrir para un buen desarrollo del sector.

En ese sentido, el marco regulatorio que engloba a la movilidad eléctrica en México se sostiene sobre cuatro normas:

• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente. 
• Ley General del Cambio Climático. 
• Ley de Transición Energética. 
• Ley de la Industria Eléctrica.

Sin embargo, según el consultor, aún en México sigue existiendo una «brecha regulatoria» que se interpone en el camino de la masificación de la electromovilidad. La misma está compuesta por cuatro lineamientos generales:

• Los programas y políticas deben tener proyección más allá del 2024: “Esto limita la proyección de adopción de medidas a mediano y largo plazo”, afirma Mir Cárdenas.
• Falta disposición para regular la gestión de carga (estandarización, modelos de negocios, homologación de cargadores).
• Incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de carga.
• Disposiciones administrativas y fiscales para aportar atracción al sector.
  

En relación al primer punto, Mir Cárdenas destaca el rol de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica para sortear medidas cortoplacistas.

“La ENME arropa las estrategias que se deben tomar a nivel nacional en México. El programa de las Naciones Unidas está trabajando fuertemente para hacer su publicación. Hay un documento muy robusto elaborado principalmente con la SEMARNAT, aunque también participaron la Secretaría de Economía, la academia y privados”, aporta el profesional. 

Cabe destacar que esta hoja de ruta será publicada a principios del año próximo y no durante el 2022, fecha en la que se esperaba su versión definitiva. 

En torno a qué normar, en el marco de una conferencia organizada por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), desde el programa de la ONU también se han indicado varios puntos a “solucionar”.

“Los elementos legales y financieros son los más importantes. Ellos van a abonar el terreno para desarrollar esta tecnología a gran escala”, indica Mir Cárdenas.

En esta misma línea, expone:

– “Se deben dar subsidios para comprar los vehículos eléctricos y poder costear la inversión inicial”. 

– “Con respecto al retrofit, se debe estandarizar para garantizar la seguridad. Esta modalidad aporta al desarme de la barrera financiera hacia la utilización de vehículos eléctricos, pero debe estar normada”. 

– “Es necesario descentralizar los puntos de carga en el país”.

En relación al último punto, vale mencionar que la cantidad de puntos de carga es de 2074, de los cuales cuatro jurisdicciones concentran casi el 50% de los mismos: Jalisco (211), Nuevo león (195), México (156) y Ciudad de México (397).