En ese marco el titular de la central se refiere al fondo creado a partir de la modificación en el año 2012 de la Ley No. 112 – 00 sobre hidrocarburos.

Se trata de una reforma tributaria ( Ley No. 253 – 12) que ya hace diez años establece la creación de un fondo que recauda dos pesos (RD$2,00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y premium.

Según el artículo 20° de la ley, el impuesto adicional se orienta a la promoción del desarrollo vial y la renovación del parque vehicular del transporte público (de pasajeros y de carga).

El total de la recaudación gira al presupuesto general. Sin embargo, un 25% de lo recaudado debe ser utilizado para este último objetivo, “cuyo diseño deberá ser coordinado con los representantes del sector transporte”, según reza la norma.

Cabe aclarar también que la ley sancionada en el año 2000, en su primer artículo crea un fondo que debe ser utilizado para “objetivos de interés nacional, orientados al fomento de programas de energía alternativa, renovables o limpias; y un programa de ahorro de energía”. 

El fondo especial tiene como fuente principal la aplicación del 2% de ingresos percibidos a través de la Ley de Hidrocarburos, No.112-2000

Al respecto William afirma: “Tenemos que tener casi 18.000 millones ya guardados desde el 2012 hasta acá. Queremos que el Gobierno de algún modo invierta parte de ese dinero impulsando la movilidad eléctrica”.

“Esa inversión tiene que ser con nosotros. Necesitamos que sea con el sector transporte, que exista una articulación entre el Estado y las federaciones” resalta el gremialista.

¿El transporte en turismo debe ser colectivo? 

Entre los distintos puntos que preocupan a la CTNU se encuentra la movilidad en torno al turismo.

William sostiene que, además de ser necesaria la introducción de vehículos eléctricos en este rubro, “el transporte en el turismo no puede ser colectivo”.

“Todavía aquí las familias tienen que compartir con dos o tres familias el mismo vehículo para viajar. Eso no es cómodo para el turismo, hay que cambiarlo a vehículos individuales”, opina Figuereo en conversación con Portal Movilidad. 

Hasta el momento, el Gobierno ha creado nuevos corredores a diésel. Desde la CTNU sostienen que si bien han planteado que es necesario considerar a la electromovilidad como una solución, no han sido oídos en este sentido.

“El Gobierno Nacional está llevando adelante políticas de transporte, pero aún no han ido decididamente hacia la movilidad eléctrica” cuestiona William.

El año pasado, desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en conjunto con organismos de crédito internacional, se comenzó a estudiar la implementación de planes de financiamiento para que los operadores pudieran adquirir coches eléctricos.

También se estuvieron realizando estudios junto con las distribuidoras para el desarrollo de la infraestructura de carga.

“Si bien existen buenas intenciones por parte del Presidente y el Ministro de Turismo, aún no se han hecho avances en la materia”, concluye Figuereo.

Tarifas

El precio de la carga aún no es un tema regulado por el Estado en República Dominicana.

Al respecto, Figuereo plantea con preocupación que no existe una diferencia conveniente con respecto a los vehículos a combustión.

“Le vendimos al país que los vehículos eléctricos son más baratos pero tú estás pagando 800 pesos por la media hora de carga. No es tanta la diferencia con un auto a combustión, con el que gastas 30000 pesos mensuales” explica el dirigente.

En ese sentido sostiene que es necesaria la modificación de la Ley de Electricidad (No. 125 – 01).

 «Hay que trabajar para crear la voluntad de las autoridades de que puedan ponernos atención a los precios de la carga” dice el transportista.

Cabe aclarar que uno de los objetivos de la Ley 125 – 01, tiene que ver con “ Promover una sana competencia en todas aquellas actividades en que ello sea factible y velar porque ella sea efectiva, impidiendo prácticas que constituyan competencias desleales o abuso de posición dominante en el mercado, de manera que en estas actividades las decisiones de inversión y los precios de la electricidad sean libres y queden determinados por el mercado en las condiciones previstas”.