La Guardia Civil licitó la adquisición de 380 coches eléctricos para sustituir el viejo parque móvil de los vehículos dedicados a labores de Seguridad Ciudadana, pero los puntos de recarga han llegado más tarde. Por tanto, el problema es que aunque los coches han llegado no hay dónde enchufarlos para que se carguen.

Parece de broma, pero ya el pliego de cláusulas administrativas para la adquisición de puntos de recarga advertía en las «menciones particulares» del contrato lo siguiente:

«Por otra parte, debido a que los citados presupuestos (financiados por la UE) fueron puestos a disposición de la Guardia Civil a finales del mes de mayo del presente 2022, se hizo imposible destinar los mismos para implementar lo proyectado para el año 2022, debiendo englobar todo lo proyectado para procurar su realización en el año 2023».

La previsión de los ministerios del Interior y Transición Ecológica era que estos cargadores eléctricos para los nuevos coches se instalasen durante 2022, en concreto en el 50% de los acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional y así podían ir tirando, así lo informa OKDiario.

El plan consistía en instalar «903 PDR monofásicos con tipo de carga en modo semirrápida de 7,4 kw», otros «158 PDR trifásicos con tipo de carga en modo 3 semirrápida de 11-22-44 kw» y «8 PDR con modo de carga rápida de 50-100 kw». En total 1.064 puntos instalados en varias comunidades y localidades que costarían en una primera fase 4.921.426,95 euros.

El siguiente año, en 2023, se instalarían otros 1.136 puntos de recarga con un presupuesto estimado de 4.758.173,95 euros. Como los fondos de la Unión Europea no fueron gestionados a tiempo, no llegaron para que la Guardia Civil pudiera licitar esa contratación.

Finalmente, en diciembre de 2022 resultó adjudicataria la empresa Orange por un importe de 9.678.669 euros.

La fecha de formalización del contrato fue el 19 de diciembre de 2022 y el plazo de ejecución fue de nueve meses. Así que ahora Orange tiene hasta septiembre de 2023 para terminar de instalar todos los puntos de carga.

Al mismo tiempo que llegaba esta adjudicación, María Gámez, directora de la Guardia Civil, recibía una primera remesa de una cincuentena de estos vehículos de la marca Nissan y Renault que están llegando con cuentagotas a los cuarteles pequeños. El precio de un punto de instalación varía entre los 2.050 euros y los 3.700 euros, IVA no incluido.

En el año 2021 dentro la campaña de un «gobierno verde» los ministerios del Interior y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunciaban a bombo y platillo una inversión de 396 millones de euros hasta el año 2023 «para situar a Policía Nacional y Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética».

Los proyectos fueron incluidos en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consisten en mejorar la eficiencia energética de instalaciones, comisarías y cuarteles y contaba con fondos de la Unión Europea.

El presupuesto incluyó el coste de los vehículos y las obras de instalación de puntos de carga en los cuarteles. El proyecto de movilidad «verde» también contemplaba la adquisición a largo plazo de 5.882 vehículos eléctricos, eso sí con tiempo y presupuesto.

Sin embargo, el Gobierno tiene déficit en general de puntos de recarga para coches eléctricos y la Guardia Civil no iba a ser una excepción.

Una información de OKDIARIO destacaba en octubre que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó sólo la instalación de 16.565 puntos de recarga de acceso público, lejos de alcanzar el objetivo de los 45.000 previstos para 2022 para cumplir con las exigencias de los objetivos europeos y marcados a nivel nacional por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030.

Sobre el papel todo parece bonito, pero a la hora de la verdad las quejas de los agentes que tienen que montar estos coches son varias, desde que «los coches no tienen más de 300 kilómetros de autonomía y hay que volver a recargarlos en demarcaciones grandes con mucho terreno» o que «si perseguimos a los malos tenemos miedo de quedarnos a media persecución».

Desde una de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil señalan que «desde AUGC apostamos por vehículos que sean respetuosos con el medio ambiente, pero se nos presentan muchas dudas e incertidumbres sobre la adjudicación de estos vehículos eléctricos».

Pedro Carmona, portavoz de la AUGC añade: «Tendremos que estar atentos a las características de los vehículos eléctricos que van a recibir las unidades, (autonomía, velocidad, mantenimiento) y si esas unidades estarán adaptadas para los vehículos, ya que en la actualidad existen muchas instalaciones que no han sido rehabilitadas».

Y agrega: «Otra de las cuestiones es los vehículos que se encuentren en lo que denominamos la España vaciada, no se podrá garantizar un servicio adecuado porque seguramente se tendrá que parar la patrulla para recargar el vehículo por lo que esa patrulla quedaría suspendida momentáneamente, también saber si existirá un plan técnico de mantenimiento para los vehículos, ya que si existe una avería esta será seguramente muy costosa».

La mayoría de los vehículos recibidos hasta ahora son Nissan Leaf, que aguantan entre 250 y 300 kilómetros sin recargar manteniendo una conducción suave y constante. Los Renault son semi eléctricos y pueden pasar a modo combustión cuando son necesarios. El problema surge cuando hay que acelerar, que el consumo eléctrico se dispara.