Emmanuel Nuñez, presidente de la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (CAVEA), describe los avances y limitaciones de la movilidad eléctrica en Argentina.

Durante la Cumbre Latinoamericana de Movilidad Eléctrica, organizada por Portal Movilidad, manifiesta que “es importante que los legisladores busquen consensos y una mesa de trabajo para entender cuáles son las necesidades del sector”.

¿Cuál es el estado de las regulaciones para la movilidad eléctrica?

En primer lugar impulsamos el proyecto de Ley de movilidad sustentable que propuso el Poder Ejecutivo. Se logró después de varios intentos. Con mucho orgullo también podemos decir que somos los autores de la iniciativa de ley.

¿Cuál es el balance de la Cámara al respecto de este proyecto?

Por un lado, lo que es positivo es el avance del tratamiento, pero aún falta que se incluyan modificaciones. No existió una mesa de trabajo con las PyMES que son el motor de la industria en Argentina. Ahora estamos en gestiones con legisladores para poder incluir esos cambios.

Muchos nos preguntamos qué están esperando algunos legisladores para poder hacerlo. No queremos dejar pasar otra oportunidad.

¿Se los ha convocado posteriormente?

En la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo se hará un encuentro de electromovilidad y no permiten que en ese encuentro las cámaras puedan expresar las necesidades del sector. Seguimos en gestión con los legisladores para presentar las modificaciones que creemos necesarias.

El problema con esta situación es que han creado leyes que después no funcionan. Es importante que los legisladores busquen consensos y una mesa de trabajo para entender cuáles son las necesidades que hay que atender.

Primero hay que trabajar sobre la promoción para las empresas y usuarios. Hace falta una batería de beneficios para poder efectivizar la transición.

¿Existen regulaciones en torno a la infraestructura de carga?

Existe una regulación voluntaria promovida por la AEA (Asociación de Electrotécnica Argentina). No es obligatoria. Impulsamos un corredor gratuito gracias a dos asociados y hemos logrado la instalación en tres puntos en la costa atlántica. Valoramos algunas acciones de funcionarios que se muestran interesados.

¿Funcionarios nacionales?

Nacionales y municipales. Redactamos y propusimos un proyecto de ley que se establezca como ley federal un punto de carga cada 100km. A su vez, articulamos con la red de municipios con la Red Argentina de Municipios Contra el Cambio Climático.

Son 250 municipios con los que trabajamos ordenanzas relativas a la carga que respeten la normativa internacional de carga (IEC 61851-1) para que no atente contra la seguridad de los usuarios.

El Estado tendría que avanzar con eso para promover la utilización de vehículos eléctricos demostrando que funcionan, que es posible y ofrecer beneficios.

¿Como evalúan las tendencias en relación a las ventas?

Hay una tendencia de transición. Hay más de 6.500 híbridos enchufables y más de 200 eléctricos puros. El problema es que faltan instrumentos financieros para la adquisición de públicos, empresas y flota especial. Estamos peleando para que eso esté normado.

Por otro lado, tenemos a un asociado: TITO. Es el líder en el mercado. Ha vendido 65 autos eléctricos de industria nacional en el primer semestre.

Además de autos, ¿hay otros vehículos en circulación?

Si, desde el año 2009 hay circulación de motos eléctricas, más de 1.000. El público está interesado pero faltan instrumentos financieros. También es un desafío cultural.

¿Cuáles son las alternativas ante la falta de financiación?

El condicionante general es el valor y sobre todo cuando acá la mayoría de los vehículos son importados. Tenemos un piso de 32.000 a 65.000 dólares. Pensamos al retrofit como una alternativa para avanzar hacia la movilidad limpia.

Gracias al trabajo conjunto con el INTI hemos presionado a las autoridades y logrado que se puedan hacer estos cambios en vehículos de una forma menos costosa. Es una solución ya que el retrofit cuesta entre 8.000 y 10.000 dólares.

Por eso es muy importante avanzar en un régimen de beneficios. El caso del IVA para la compra, el beneficio de baterías, extensión de patentes, estacionamiento gratuitos, etc. Son importantes para incentivar la transición.

¿Cómo es el panorama argentino en relación a los buses eléctricos?

El lado positivo de Argentina es que en Mendoza existe una primera flota de 18 buses. Venimos impulsando esta iniciativa junto con los municipios. Por el momento no avanzó mucho. Hay pruebas que se han hecho con GNC, sin embargo sabemos que el gas es contaminante y es importante comunicárselo a los funcionarios ya que no es una solución sustentable.

También hemos elevado un plan de flota de taxis a las autoridades, pero hay que entender que tenemos dos situaciones. En primer lugar hay que desarrollar la industria local para que esto avance.

Por otro lado tenemos un bus importado que sale al rededor de 450.000 dólares versus un colectivo con la misma tecnología que puede convertirse acá generando empleo. Nuestra apuesta es que, en vez de importar, convirtamos localmente. Creemos que es una solución viable.

Nuestro pedido es tratar de hacer una prueba piloto con la tecnología de hidrógeno para demostrar cuáles son los beneficios y que la electromovilidad es el camino.

¿Cuáles son los principales desafíos para la electromovilidad en Argentina?

Por un lado creo que hay que hacer una fuerte apuesta a la formación profesional. En virtud de ello en el año 2020 en la UTN impulsamos el primer curso en electromovilidad y distintas instancias de formación a nivel nacional para formar idóneos en el país y que ello pueda servir como semillero. Es importante capacitar y concientizar.

Por otro lado, insisto, es indispensable avanzar en regulaciones que otorguen beneficios para la inversión y el acceso a los vehículos eléctricos.

¿Crees que Argentina tiene condiciones para dar ese salto?

Tenemos que ver el lado positivo. Argentina está desarrollando sus primeras baterías y células. Con los recursos estratégicos como el litio y los recursos humanos y técnicos, tenemos la capacidad de desarrollar el sector.

Las autoridades tienen la responsabilidad de abrir un debate profundo para generar políticas públicas que realmente afiancen un plan estratégico que nos sirva a todos.

El video completo: