A pesar de ser uno de los países con más buses eléctricos en circulación junto con Chile, desde el 4 de agosto del 2021 Colombia tiene la Ley 2128 «por medio de la cual se promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad, y cobertura del gas combustible en el país».

Colombia no es un país rico en combustibles fósiles por lo tanto “no puede seguir generando demanda en forma indefinida, eso tiene una irracionalidad energética, climática, de Estado, de compromisos internacionales, de salud y económica”, sostiene Manuel Olivera, director regional para Latinoamérica de C40.

En ese sentido indica que es necesaria la derogación de los artículos 13 y 14 que establecen que los Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP) y flotas oficiales deberán implementar políticas públicas, programas y acciones tendientes a garantizar que por lo menos el 30% de los vehículos utilizados para la operación de las flotas, operen con motores dedicados a gas combustible.

“A alguien se le ocurrió que el transporte público tiene que ser a gas natural, por eso le pedimos al Congreso que pongan el sentido común al frente. Es decir, el país está incrementando la demanda de un energético que no tiene para forzar la extracción a través de fracking”, indica Olivera.

Un ejemplo práctico que menciona, es que “el único plan B del transporte público a gas es el pasajero empujando por detrás mientras que en energía eléctrica tiene por lo menos dos opciones de recarga”.

Esas decisiones no van de la mano con las metas instauradas con la Ley 1964 del 11 de julio de 2019 donde se determina que dentro de los seis años a la entrada en vigencia el Gobierno nacional en su conjunto y municipios deberán cumplir con una cuota mínima del 30% de vehículos eléctricos en las unidades que anualmente sean comprados o contratados para su uso.

En esa línea, las ciudades que cuenten con Sistemas de Transporte Masivo (SITP) deberán lograr que a partir de 2025 mínimo 10% de los vehículos adquiridos sean eléctricos; hacia 2027 el 20%; en 2029 el 40%; a partir de 2031 el 60%; ya hacia 2033 el 80%; y finalmente desde 2035 todos serían cero emisiones.

Por lo tanto, el director regional para Latinoamérica de C40 afirma: “Hay que acelerar la transición a las cero emisiones netas”.

“Debemos preguntarles a los economistas de este país que han estado silenciosos durante las últimas tres décadas navegando en la facilidad de utilizar los combustibles fósiles como único ingreso económico al país si el Congreso debería ordenar generar una solución para la sustitución económica acelerada de esos combustibles porque debemos pensar el país sin ellos”.

En ese sentido, destaca el caso de chile que “lo han solucionado fácil” dado a la falta de presencia de la industria hidrocarburifera. Tal es así que plantea la necesidad de una reconversión de la industria y comenzar a apostar por el hidrógeno que es el “combustible del futuro”.

“Espero que ese futuro llegue porque seguimos en la discusión del hidrógeno azul o verde, el primero no tiene sentido, el segundo es más caro por lo tanto el almacenamiento… etcétera etcétera.  Todo esto lo sabemos hace tres décadas, ojalá logremos romper la barrera menta y comercial del hidrogeno verde”, asegura.