En junio, Guayaquil lanzó una licitación de buses que incluía unidades eléctricas como requisito excluyente para participar. Había tiempo de presentar propuestas hasta el 11 de julio a las 14 horas y se estimaba que la adjudicación se anunciaría el 29 de julio. 

No obstante, la Comisión Técnica resolvió recomendar “la declaratoria de desierto del proceso de selección de un aliado estratégico para la operación del servicio público de transporte de pasajeros en el sistema Metrovía Troncal 3, Bastión Popular – Centro, y sus rutas alimentadoras”. 

Esta declaración fue realizada tras descalificar la oferta presentada por el Consorcio en Constitución Emovi, “por no cumplir con la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, conforme lo solicitado en el pliego”. 

De esta manera, según fuentes consultadas por Portal Movilidad, aún se desconoce cuándo volverá a publicarse el concurso en cuestión. 

Así, una vez más, los buses eléctricos deberán esperar en Ecuador, que, por el momento, solo conoce la flota BYD de Saucinc. 

Cabe recordar que desde marzo de 2019 la compañía Saucinc, que opera la línea 89 entre el norte y centro de la ciudad, inició los recorridos de 20 unidades eléctricas. Un hito para el transporte urbano en el territorio. 

La inversión total había sido de 8 millones de dólares, de los cuales 7,6 millones correspondieron a un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) dentro de su línea de Financiamiento para Movilidad Eléctrica que sirvió para pagar 18 unidades.

Licitación con incertidumbre desde el comienzo

Tal y como sucedió en Quito, la financiación que respaldaba a este concurso generó planteos en el sector. 

Según un análisis del plan publicado por el organismo, la inversión total sería de USD 34.571.677,93, incluyendo en esta cifra los activos fijos operativos y diferidos, y el capital de trabajo. 

¿Cuánto respaldo monetario se le facilita al operador? La realidad es que no hay garantía de pago. Si bien el municipio proyecta un número de pasajeros suficiente para amortizar la inversión, no existe un sostén financiero en caso de que esta cifra sea menor en un futuro. 

Lo único que se considera, hasta el momento, es un potencial fideicomiso que permitiría solventar ciertos gastos, únicamente en casos excepcionales. 

A la escasa seguridad financiera que remite el pliego, se le suma el corto tiempo para presentar las respectivas ofertas. 

De hecho, uno de los pedidos más comunes incluía la posibilidad de extender el plazo previsto de un mes a, al menos, 90 días.