En septiembre del año pasado se publicó la Resolución Nº 147-MTRAGP-2022 que establece la creación del Programa Provincial para la Movilidad Eléctrica Sostenible de la Provincia de Buenos Aires con el fin de garantizar la ejecución de proyectos futuros, como la adquisición de buses cero emisiones.
En relación con ello, durante un evento virtual realizado por Busworld en asociación con CheckMyBus, Ingrid Schumann, analista de industria en Frost & Sullivan, reconoce:
“El objetivo de este plan es la introducción de vehículos eléctricos en el transporte público de pasajeros. Para el año pasado debían haber incluido diez buses, pero no sucedió”.
Y aclara: “No solo contempla sumar nuevas unidades, sino también la reconversión. Entonces, un micro a diésel recibiría una celda y a partir de ahí comenzaría a funcionar de manera eléctrica”.
Cabe recordar que, en agosto de 2022, Jorge D´Onofrio, ministro de Transporte de Buenos Aires, adelantó que para antes de fin de año circularían diez buses cero emisiones en el sistema de transporte público de pasajeros bonaerense.
Si bien esta iniciativa aún no se concretó, en octubre, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para la creación de una empresa mixta dedicada a la reconversión y fabricación de vehículos eléctricos para el transporte público.
Además, en diciembre, desde la Facultad de Ingeniería de la UNLP adelantaron que el objetivo de ambas entidades consiste en transformar 2.000 colectivos por año hasta remplazar todo el sistema del AMBA.
¿Qué otros planes para buses sostenibles posee Argentina?
Durante la exposición, Schumann explicó cuáles son los otros programas vinculados a la movilidad sostenible con buses en el país.
Por ejemplo, el Plan Nacional de Transporte Sostenible que busca la actualización de la matriz energética del transporte de carga y de pasajeros, al proponer que “para el 2030 el 10% de la flota esté compuesta por vehículos eléctricos y movidos a gas natural”.
“Si pensamos en micros, sería un equivalente a 15.000 unidades“, indica Shcumann.
Y agrega: “Es un programa que incluye beneficios de diferentes tipos, no solo ecológicos, sino también desde el punto de vista económico, ya que no sería necesario importar tanto diésel, aumentaría la producción y el mercado de gas natural y, en este sentido, la industria nacional se vería fortalecida”.
Asimismo, existe la ley 27.520 de 2019 que establece “presupuestos mínimos de adaptación al cambio climático global”, normativa que mantiene estrecha relación con el plan anteriormente mencionado.
La analista también hace referencia a la iniciativa que llevan adelante la Secretaría de Transporte y Movilidad de La Rioja junto con Y-TEC, la cual consiste en desarrollar el primer bus a hidrógeno de la Argentina.
Si bien la unidad estaría lista para el primer trimestre del 2023, su presentación se retrasó.
No obstante, se espera que esté terminado para antes de finalizar el año.
Finalmente, Schumann menciona cuales son las provincias “claves” en relación al desarrollo de la movilidad sostenible:
“Buenos Aires, con el programa provincial; Córdoba, que cuenta con una Mesa de la Movilidad Sostenible, prevé la introducción de vehículos cero emisiones en el transporte público y el despliegue de una red de cargadores; y Mendoza que desde 2019 cuenta con buses eléctricos en su flota y ahora está poniendo en circulación colectivos movidos a gas natural”.
Inversiones privadas para buses eléctricos
Durante el evento virtual, Marcelo Gonzalvez, gerente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), se refiere a la posibilidad de realizar inversiones vinculadas a la movilidad sustentable en el transporte público.
“Hay un Estado muy grande que no se puede autosostener. Ese peso que posee le está imposibilitado hacer cualquier tipo de inversión. Contamos con cerca de 50.000 buses urbanos en todo el país y entre 8.000 y 10.000 de larga distancia. Pero solo incorporan dos o tres eléctricos. Eso es mucho para la prensa”, lamenta Gonzalvez.
Y añade: “Hay grandes oportunidades para los inversores privados que podrían realizar las conversiones. Pero debe haber reglas claras, el Estado tiene que ordenarse, bajar la inflación y dar incentivos a las empresas para que opten por ciertas tecnologías”.
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