Este último martes, retomó sus actividades la Subcomisión de Infraestructura de Recarga Eléctrica y de Hidrógeno que fue creada el año pasado. Iberdrola tuvo su oportunidad de comparecer en el Congreso de los Diputados, junto a otros actores. 

Luego de la audiencia privada, Raquel Blanco Collado, directora global de Smart Mobility de la empresa, dio una entrevista con Portal Movilidad España: “Queremos invertir en puntos de recarga, pero estamos notando que los trámites son complejos y demasiado largos”.

España oscila alcanzar los cinco millones de vehículos eléctricos para 2030, pero según la especialista hasta que los trámites no se simplifiquen será difícil hacerlo. 

La empresa actualmente ha instalado prácticamente 3.500 puntos de recarga en todo el país. Además, tiene otros 2.000 en tramitación, con foco en alta potencia. 

“En nuestra experiencia se tarda una media de 24 meses para tramitar los puntos de recarga y hemos llegado a incluso 32 meses. Los plazos no son viables para el despliegue que queremos”, replica Blanco.

Es por eso que desde Iberdrola solicitan al Gobierno que se agilice el sistema burocrático de manera concreta. La directiva reconoce que se han introducido algunas mejoras, pero que no son suficientes.

A finales del 2021, se permitió utilizar la declaración responsable a la hora de solicitar algunas licencias municipales, como la de obras. “Nosotros lo que estamos pidiendo es que esa declaración responsable se utilice para el resto de licencias y autorizaciones necesarias”.

Un viejo reclamo del sector es que se implemente una ventanilla única, ya que para poder instalar un puto de recarga se debe entrar en contacto con diferentes ministerios como el de Transportes.

Pero esa no es la única afección a la demora en la instalación. Blanco detalla que también ocurren demoras porque se debe entrar en contacto con otras áreas, como puede ser la empresa de aguas del municipio en donde se vaya a instalar el punto. 

“Por ello pedimos que para todas las licencias que sean necesarias valga la declaración responsable”, aclara la encargada de Smart Mobility. 

A la hora de analizar porqué sucede esto, comenta que probablemente haya una avalancha de solicitudes de puntos de recarga y las personas o los técnicos que tienen que procesarlo no dan abasto. 

La solicitud de Iberdrola no solo abarca a la instalación de puntos de recarga sino también al suministro de energía por parte de las distribuidoras.

“Actualmente tenemos muchos puntos de recarga que están instalados, pero tienen una cinta alrededor, diciendo que no están operativos solo porque les falta que les llegue la luz”, comenta Balnco. 

Esto ocurre porque a la distribuidora le estaría sucediendo lo mismo que a los CPO con las tramitaciones y habilitaciones de obra. 

Es por ello que la especialista explica: “Como operador de infraestructura hago una solicitud a la distribuidora que me puede requerir información adicional y entonces se vuelva a cortar el plazo. Se la doy y si falta otra cosa me vuelve. Al final los plazos realmente no me están sirviendo porque hay muchas interrupciones”.

Mesa de Infraestructura de Recarga

Otra cuestión por la que fue consultada Raquel Blanco, es por el Grupo de Trabajo de Infraestructura de Recarga, el cual no se reúne desde hace tiempo. Pero ese no es el inconveniente de Iberdrola, sino que nadie del sector privado fue llamado para ser parte.

“Me sorprende que si se hace una mesa para hablar de de las infraestructuras de recarga eléctrica públicas no se invite a quien las está desarrollando”, explica.

Para la empresa en la mesa deberían estar sentados los operadores de infraestructura de recarga, que son las que en España están invirtiendo. Igualmente, la directiva reconoce que  se han invitado a diferentes asociaciones y eso le “parece bien” porque son importantes.

“Lo que pediría es que directamente se pregunte a los actores que estamos desarrollando esta estructura de la carga porque podemos contar de primera mano las experiencias que tenemos y las barreras que estamos encontrando”, sentencia Blanco.