El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración técnica con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) publicó la “Guía para la regulación de sistemas de monopatines y bicicletas sin anclaje compartidos para ciudades de América Latina”.

Tras destacar los beneficios que implica la micromovilidad para la ciudad, como la mejora en la accesibilidad urbana, la no contaminación del aire y los riesgos menores en la seguridad vial, los organismos formularon una serie de recomendaciones para el diseño de una regulación que promuevan estas externalidades positivas y, por el contrario, no las restrinjan. 

En consecuencia, con el objetivo de fomentar una micromovilidad segura, sostenible y equitativa en las ciudades de Latinoamérica y tras un análisis de la situación actual, se proponen cinco pasos para regular los sistemas de monopatines y bicicletas compartidos. 

Los 5 pasos a seguir resumidos

Paso 1. Definir la utilidad de los sistemas para la ciudad e integrarlos con objetivos de política pública. Sin esta consideración, explican que “los sistemas de micromovilidad no podrán ser sostenibles y beneficiar a la ciudadanía”. 

Paso 2. Identificar los problemas que requieren intervención pública, analizar diferentes instrumentos de intervención y definir los objetivos de operación que la regulación de la micromovilidad en la ciudad persigue. 

Según los autores, este proceso debe ser liderado por los gobiernos locales y realizado en coordinación con actores relevantes, incluyendo a las empresas responsables.

Paso 3. Diseñar una regulación integral en ocho dimensiones complementarias, que incluye: disposiciones generales; tamaño de flota y área de operación; infraestructura y estacionamiento; equipo, mantenimiento y seguridad; operaciones; datos; comunicación y educación; y participación ciudadana. 

En cada dimensión aseguran que deben considerarse distintas medidas regulatorias con sus ventajas y desventajas, las cuales deberán evaluarse antes de ser adoptadas por las ciudades. 

Paso 4. Diseñar mecanismos de aplicación de la regulación para los usuarios y las empresas, y supervisar su cumplimiento. 

En esta etapa, es necesario que la  regulación contemple medidas para sancionar de  manera específica los posibles incumplimientos del operador y de los usuarios. 

Paso  5. Evaluar  y  ajustar  la  regulación.  En  este  proceso  es  fundamental  que  los  gobiernos  locales consulten a las partes interesadas acerca de los impactos que las medidas regulatorias puedan tener en su operación e identificar los cambios que se generan a lo largo del tiempo. 

En consecuencia, lo que se pretende es lograr un balance que elimine las posibles fallas generadas por un mercado no regulado.