Hace una semana fue aprobado el reglamento de infraestructuras mínimas de combustibles alternativos (AFIR), en cual se prevén sanciones a los Estados e instaladores que incumplan con la normativa.

Este régimen se basa en el número de estaciones de recarga que faltan instalar. Este cálculo se realiza según la cantidad de cargadores que debe tener un Estado Miembro de la Unión Europea y los que instaló antes de la fecha establecida.

“Es una métrica que no refleja los objetivos basados en la capacidad, establecidos en el reglamento y, por lo tanto, sería inaplicable en la práctica”, resaltan desde la Asociación Europea de Electromovilidad (AVERE) a Portal Movilidad España.

El Comité de Transporte y Turismo (TRAN) se encargó de establecer un régimen sancionatorio para aquellos que incumplan con la normativa. 

“El mecanismo de sanciones no tiene nada que ver con la ideología, es una herramienta para empujar a los Estados Miembros hacia la puesta en práctica de este reglamento”, sostuvo Ismail Ertung, redactor del reglamento, el lunes 17 de octubre en su exposición ante el pleno del Parlamento.

El artículo 19, inciso A, expone que los Estados Miembros tienen que incorporar un mecanismo de sanciones para aquellos operadores que no cumplan la legislación.

También fue incluido un considerando (41, inciso A), según el cual la Comisión Europea multará a los Estados Miembros por estaciones de recarga que dejen de instalar.

Igualmente, desde AVERE añaden: “La mayoría de los Estados miembros ya están superando los objetivos de la AFIR, por lo que no vemos que surjan grandes problemas para alcanzarlos”.

Con respecto a los instaladores, la asociación comenta que los requisitos técnicos para los cargadores -como el pago con tarjeta- deben seguir siendo equilibrados para que “no obstaculicen el despliegue que necesita Europa”. 

“El Parlamento fue demasiado lejos en este sentido: equipar todos los cargadores existentes con lectores de tarjetas de pago restará capacidad a los instaladores para el despliegue de estaciones adicionales”, comentan.

Conformidad en general

La asociación se muestra positiva ante la nueva reglamentación del AFIR que fija objetivos vinculantes para el desarrollo de la infraestructura de recarga. 

“Estamos de acuerdo con la estructura de estos objetivos: los objetivos basados en la distancia a lo largo de las autopistas será clave para garantizar el fin de la ansiedad de los usuarios por la autonomía”, afirman.

Mientras que los objetivos basados en las flotas “resolverán el debate del huevo y la gallina» al vincular el despliegue de la infraestructura a la aceptación del vehículo eléctrico en cualquier Estado Miembro.

Además, vieron que la definición que se estableció sobre “punto de recarga de acceso público” es amplia y garantizará que toda esa infraestructura esté cubierta por los requisitos de AFIR, lo que favorecerá la armonización y una experiencia más fácil para el usuario.