A medida que despierta el interés por el vehículo eléctrico en España, aún con sus limitantes, los usuarios comienzan a notar problemáticas específicas a esta modalidad que dificultan la experiencia.

La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) es uno de los canales a través de los cuales se ponen en agenda estos intereses, y las principales problemáticas detectadas apuntan en dos direcciones: la implementación de medidas concretas y unificadas para garantizar el acceso a esta movilidad, y la gestión de los puntos de carga.

“Aún hoy hay ayudas del Plan Moves II que no han llegado a los usuarios, y en el caso del Moves III no han recibido contestación”, destaca María Teresa Villescas Aranda, Subdelegada de AUVE para la región de Murcia, a Portal Movilidad.

En ese sentido, la demanda ha recibido eco también en asociaciones que involucran a la industria, como AEDIVE y GANVAM, las cuales señalaron la lentitud en el despliegue de la medida, la cual corre a cargo de las Comunidades Autónomas.

Para principios de julio, tan solo Baleares activó el plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos. En el resto de los casos, los particulares, administrativos y autónomos que efectúan una compra en una Comunidad donde no esté activo el Plan podrán solicitar el beneficio cuando sea publicado.

“Necesitamos que si se apliquen estos planes sea de manera efectiva y con agilidad”, define Villescas Aranda.

Sin embargo, señala que el método más efectivo, en lugar de las ayudas a la compra, serían las ventajas fiscales en la declaración de la renta en función del coche adquirido.

Asimismo, la medida fiscal tiene el beneficio de disuadir posibles problemas como el que un coche sea aumentado de valor en función de lo que el usuario va a recibir de descuento.

La importancia de la infraestructura de carga

El segundo punto clave señalado desde la AUVE es la necesidad de más puntos de carga, acompañados de una gestión acorde de los mismos.

En muchos casos, el problema es que, en los puntos ya existen, la falta de señalización y control de uso lleva a que sean utilizados como estacionamiento, lo que perjudica a los usuarios de movilidad eléctrica.

Otros dos puntos clave, los cuales serán revisados en la futura normativa de regulación de la actividad de prestación de servicios de recarga, son la necesidad de una plataforma para conocer el precio por punto y el que los actores del servicio liberen datos para los usuarios.

Sin embargo, Villescas Aranda agrega que, en el caso de las medidas ya tomadas, debe haber mayor seguimiento.

“Tenemos legislación para que cada 40 plazas haya un punto de carga, pero uno encuentra que hay lugares donde no se instala, o que no están las condiciones apropiadas: al dar una licencia, se debe asegurar que ese punto sea realmente efectivo”, destaca.

La interoperabilidad y el facilitar el pago con tarjeta son otras demandas que aún siguen teniendo importancia. Si bien desde la asociación entienden que, por el peso actual de este tipo de vehículo no se está exigiendo, esta modalidad de pago debe implementarse a fin de llevar la movilidad eléctrica a más usuarios y previendo un futuro mayor despliegue.

Por último, la Subdelegada destaca la necesidad de unificar criterios como un paso esencial para facilitar la experiencia al usuario.

“En cada municipio encontramos ventajas distintas, de circulación, parking y otros tipos, y esta disparidad termina siendo un perjuicio que confunde al conductor”, concluye.