Los autobuseros ven con buenos ojos a la propuesta del gobierno para renovar por quince años las concesiones del servicio de transporte público en esa modalidad.

Los permisos de operación vigentes (2014-2021) vencen en setiembre próximo.

Según confirmó Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, plantearán un proyecto de ley para que las renovaciones se puedan concretar por 3 lustros. La intención es dotar de mayor flexibilidad a los empresarios para adquirir unidades de transporte eléctrico y cumplir con los lineamientos del Plan Nacional de Descarbonización al 2050.

Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), dijo a CRHoy.com que quinceaños es un buen plazo para enfrentar las inversiones que supone adquirir vehículos eléctricos y aseguró que esto permitirá no tener que incrementar desmesuradamente las tarifas al usuario.

“Para llevar a cabo este proceso se requiere que las concesiones tengan una mayor vigencia. Se recomienda el otorgamiento de las concesiones por 15 años. Esto tiene un razonamiento lógico: la recuperación de la inversión podría diluirse un poquito más en el tiempo. Entendiendo que las unidades que se van a adquirir tienen un costo mayor y reconocer ese costo a 7 años podría impactar la tarifa de los usuarios. Lo que se busca es modernizar el transporte y no impactar la tarifa”, expresó Bolaños.

El plazo es sugerido a partir de análisis realizados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Los datos que posee Canatrans indican que un autobús eléctrico podría costar $280 o $340 mil. Casi el doble que uno convencional.

“Esperaríamos que el proyecto tenga la viabilidad política para tenerlo resuelto antes de setiembre. Sobre todo, considerando que vienen otros cambios importantes. Aunado al bus eléctrico, vienen otras inversiones que podrían impactar tarifa y por eso la importancia de tener mayor plazo: equipamiento de las unidades para el pago electrónico y los procesos de sectorización”, acotó la ejecutiva.

Sobre estos últimos aspectos, Bolaños indicó que el proyecto para sectorizar las rutas en la Gran Área Metropolitana (GAM) y la implementación del sistema de pago electrónico también obligarán a los empresarios a realizar inversiones que se cargarán a la tarifa de los usuarios.

Sin embargo, al ampliar los plazos de concesión, esas cargas se podrían distribuir en varios años.

El Plan Nacional de Descarbonización estipula que para el año 2035 el 30% de los buses de transporte público deberán ser eléctricos y en 2050 el 85% será cero emisiones. Según la ley 9518, denominada Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, vigente desde 2018, “el Plan Nacional de Transporte Eléctrico deberá proyectar el reemplazo de la flota de autobuses al menos cada 2 años, con una meta dentro de este período no menor del 5% en unidades eléctricas“.