Los Gobiernos de América Latina y del mundo deben ir acompañando todo el proceso de electrificación del parque vehicular, dando exoneraciones fiscales para que los vehículos eléctricos entren a las aduanas con menos carga impositiva.

El gerente general de InterEnergy Systems, Oscar San Martín, entiende que se debe dar un mayor incentivo a los usuarios en todo lo que respecte a migrar hacia la movilidad eléctrica.

“El principal desafío del país es seguir impulsando los marcos normativos y regulatorios para que sean ágiles, flexibles y que impulsen la inversión en la eletromovilidad”, menciona.

En ese sentido, Charles Sánchez, presidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de República Dominicana (Asomoedo), sostuvo que uno de los mayores retos es que el Estado se involucre en todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica.

Asomoedo recomienda que las instituciones del sector público, al momento de comprar nuevas unidades de flotillas, adquiera al menos un 30% eléctrico.

Igualmente, se deben masificar los puntos de carga para que todas las instituciones del Estado puedan tener una infraestructura de carga, para que aumente la participación de los automóviles eléctricos dentro del parque vehicular.

Reducción de los impuestos

Según Sánchez, hay un vacío de autoridad con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debido a que, aunque la Ley 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional permite que al importarlos solo paguen el 50% del Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), la mitad del valor de la primera placa y del arancel, esos beneficios no los percibe el consumidor final.

Los concesionarios importan los vehículos con esos beneficios, pero cuando los venden, Impuestos Internos les hace cargarle el 18% del ITBIS al comprador, lo cual es un bache en la aplicación de la ley.

“La ley es muy clara, es el 50% de todo, entonces no se puede obligar al comprador final a que te pague un 18% del ITBIS, cuando lo que se debería pagar es la mitad, que es lo que se paga en Dirección General de Aduanas (DGA) para no penalizar al usuario”, dijo.

Esa reducción del 18% a un 9% representa un desafío para el país, ya que al no aplicarla limita el incremento de la movilidad eléctrica, porque el consumidor final no recibe el incentivo. “Pero ese reajuste produciría un descuento de cerca de un 10% sobre el costo que tienen actualmente los vehículos eléctricos y esto motivará a los compradores”, añadió.

La Asomoedo trabaja en conjunto con algunos legisladores en un proyecto que busca hacer una modificación de la ley para que establezca que la DGII solo aplique el 9% del ITBIS a las ventas de vehículos eléctricos y se aplique de manera correcta.

Sánchez destacó que es necesario que los vehículos eléctricos puedan ser importados sin aranceles y libre de impuestos.

Autoridades trabajan reglamento

La movilidad eléctrica se está desarrollando de manera acelerada en República Dominica. El sector privado ha realizado importantes inversiones que han hecho posible desplegar ese mercado.

Según el titular de la Superintendencia de Electricidad (SIE), Rafael Velazco, esa entidad está trabajando no solo en un pliego tarifario, sino en un reglamento, el cual cumple con varias funciones.

La SIE adelantó que ya tiene el borrador del reglamento, el cual socializaran con todos los grupos de interés del sector. “Porque no se trata de regular para cercenar el sector y fiscalizar con vocación recaudadora, sino que se busca establecer las reglas del juego lo más claro posible”, subrayó Velazco.

Una de las funciones del estatuto es certificar la calidad del servicio. Es decir, vigilar que los cargadores que estén en la vía pública y los que hay en empresas privadas con acceso al público, estén debidamente instalados y no presentes problemas técnicos.