Tanto desde el ámbito público como privado se busca modificar las tarifas y normativas existentes que regulan la movilidad eléctrica en República Dominicana para darle un impulso aún mayor a su desarrollo. 

Una de las leyes en las que se hace hincapié es en la 103-13, de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, la cual permite la entrada de vehículos eléctricos al país pagando solo un 50% de arancel, 50% Itbis y 50% Primera Placa. 

“Como asociación abogamos para que se dé un incentivo del 100% por lo menos a cinco años en autobuses, patinetas, motocicletas y automóviles privados y cargadores”, señala Federico Castillo, director ejecutivo de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana (Asomoedo). 

Y agrega: “Nosotros tenemos una ley de incentivos de vehículos eléctricos que nos exonera un 50% de aranceles, pero necesitamos que sea de un 100% para que esto se desarrolle realmente”. 

Uno de los inconvenientes que además genera la ley 103-13 es el de no beneficiar al usuario final, sino solo al importador. Esto es así dado que la reducción tarifaria no se traslada a un tercero en caso de venderse el vehículo. 

Es por esto que para Castillo la participación del gobierno en este debate y promoción de la movilidad sustentable es clave. “La iniciativa privada puede ir muy adelantada pero todo depende de cómo el ala gubernamental vea la industria”. 

Asimismo, desde la asociación, buscan participar en conversaciones organizadas por la Superintendencia de Electricidad para que se creen algunas condiciones arancelarias beneficiosas para el Estado y para el usuario, como podrían ser las tarifas diferenciadas.

Por ahora, desde la Superintendencia, lo que está confirmado es que sacarán un reglamento regulatorio que incluya a la movilidad eléctrica y al almacenamiento de energía. 

Esto se justifica en que la vigente Ley 57.07 (que data del 2007), sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía y sus regímenes especiales, no las contempla.

“También estamos trabajando con Edesur, por ejemplo, y con cada entidad que tenga que ver con la movilidad eléctrica”, indica el empresario, que añade: “Estamos reactivando mesas de trabajo para que cada sector que esté involucrado en este tema pueda exponer su punto de vista y lleguemos a un equilibrio”.

“Esperamos que este año podamos tener una normativa que beneficie a la movilidad eléctrica porque el 2020 fue un año que modificó la agenda de todo el mundo”, destaca Castillo. Y cierra: “Vemos una buena intención por parte del gobierno de apoyar estas iniciativas, aunque lo que necesitamos realmente es acción”. 

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