Luego de su conformación en enero de este año, la Asociación Ecuatoriana de Movilidad Eléctrica y Sostenible ya comenzó a unir esfuerzos con autoridades gubernamentales para regular la electromovilidad en el país. 

“Los procesos de estandarización en el sector de la movilidad eléctrica son esenciales para fortalecer tanto el mercado local como el regional, para la difusión de productos y servicios del sector, y asegurar la interoperabilidad y la conectividad a nivel regional”, indica Esteban Albornoz, presidente de la organización. 

En su afán por desarrollar normativas, ASECMOVEL vio necesario el reconocimiento de su entidad tanto por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, como por el resto de las instituciones. Una de estas últimas es ALAMOS, la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, a la cual se incorporó a mitad de marzo. 

Sobre lo que sucede en la región, Albornoz explica: “Todos los países estamos en la etapa para prepararnos para el mercado, en la que es fundamental el tema de las normativas. Sin estas habrá desorden en el despliegue”. 

Para el dirigente, el rol de las asociaciones es fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías y cambios estructurales de la sociedad, dado que logran convocar diferentes actores e identificar el camino correcto a seguir. 

“Nos podemos convertir en voceros calificados en relación a la electromovilidad, y después en asesores legítimos de la sociedad en relación con el cambio de tecnología”, comenta Albornoz. 

Las normativas actuales en el país ecuatoriano

En noviembre, a través de la Resolución 018/2020 el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables definió las condiciones técnicas y contractuales para la firma de contratos de suministro entre distribuidores de energía eléctrica y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Por otra parte, Ecuador aumentará el financiamiento disponible para inversión del sector privado en transporte eléctrico sostenible con una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión de US$43 millones, y un primer crédito bajo esa línea de crédito de US$33 millones aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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