República Dominicana acaba de coronar el 2022 con la publicación de las normativas definitivas en materia técnica y tarifaria para la carga de vehículos eléctricos. Habiendo cumplido sus metas vinculadas a un marco regulatorio, espera un 2023 con desafíos. 

Así lo establece el Plan Estratégico Nacional de Movilidad Eléctrica, firmado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), donde se fijan dos ejes a cumplimentar. Ellos son: un marco regulatorio y capacidades profesionales e institucionales. 

En el primer eje, se sitúan cuatro puntos que deben ser cumplimentados entre el año que comienza y el 2025. 

Ellos son: 

• Reglamento que define el rotulado y manual de seguridad de los vehículos eléctricos.
• Actualización del reglamento por gestión de residuos peligrosos provenientes de vehículos eléctricos.
• Normas técnicas y reglamento relativo a los aspectos constructivos y de equipamiento en los vehículos eléctricos.
• Decreto u ordenanza municipal que establece restricciones a la circulación de vehículos con motores de combustión interna.

El segundo eje, referido al desarrollo profesional en el ámbito de la movilidad cero emisiones, son dos las metas a cumplir: 

• Plan de acción para implementar medidas que sirvan en la reducción de tiempos de tramitación y fortalecer la transparencia en procedimientos de actualización del reglamento operativo en temas que incluyen la gestión y nacionalización de vehículos eléctricos.
• Introducir programas para la generación de capacidades en movilidad eléctrica en institutos de formación técnica y universidades.

A estos fines, se definieron líneas de acción que incluyen, por ejemplo, elaborar las normas sobre aspectos de equipamiento en los vehículos eléctricos, definir regulaciones de seguridad vial para la movilidad eléctrica e instituciones a cargo de su monitoreo y ajustar las capacitaciones para la obtención de la licencia de conducir.

De estas mismas, tienen responsabilidad las siguientes instituciones: INTRANT, Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSVI), el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y actores académicos.

A su vez, al respecto de la dimensión formativa, se establece la necesidad de definir un plan de acción para apoyar la formación de profesionales, generar acuerdos de trabajo con instituciones educativas para programas sobre aspectos técnicos de los vehículos eléctricos, infraestructura de carga y elaboración de normas, regulaciones y política pública. 

También impartir capacitaciones para que personas instruidas puedan abordar casos de siniestros donde estén involucrados vehículos eléctricos.

Estas últimas líneas de acción encuentran responsabilidad funcional en las siguientes instituciones: INTRANT, Policía Nacional, cuerpos de bomberos, Departamento Médico de la Defensa Civil,  Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), Superintendencia de Electricidad (SIE), entre otros. 

Las metas y las líneas de acción se encuentran idealmente alineadas para el arribo a metas hacia el 2030 en la composición del parque vehicular y la infraestructura de carga. 

Al respecto del primer punto, para dicho año debe alcanzarse un total de 60.000 unidades (automóviles, camionetas y jeepetas) y 145.000 motocicletas para el uso oficial, 180.000 para el parque vehicular privado y 37.000 buses eléctricos en circulación. 

Al respecto de las motos privadas, 167.000 es el número al cual se debe arribar y 17.000 para los vehículos de carga ligera. 

En torno al segundo punto, la infraestructura de carga, se espera alcanzar las 14.000 estaciones para el plazo indicado.