El año pasado, el viceministro encargado del Área Energética, Manuel Eduardo Arita, adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una ley de incentivos fiscales para vehículos eléctricos y un plan nacional de eletromovilidad.

Este hecho constituye uno de los primeros pasos del país para transicionar hacia la movilidad sustentable.

Portal Movilidad dialoga con Arita para conocer cuál es el estado de la normativa, que promete crear condiciones necesarias para que el uso de autos eléctricos en el parque vehicular sea una realidad.

¿En qué estado se encuentra la norma?

Hace dos meses fue elevada a la Presidencia de la República que hizo su aprobación. Y en junio fue presentada en el Congreso. Está completa y esperamos que no le hagan mayores ajustes. Creemos que está próxima a aprobarse.

¿Por qué se retrasó?

El proceso nos llevó todo el 2021 porque la normativa conlleva la opinión de varias instituciones del Gobierno.

Al tener incentivos fiscales y estar relacionada con temas ambientales, de transporte y de impuestos, también requiere la opinión del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas, que se encarga de las tarifas, la promoción de las electrolineras y otros aspectos relacionados a la exención de impuestos.

¿Qué beneficios otorga?

Impulsaría la importación de vehículos eléctricos y la adquisición de los mismos por parte de los usuarios debido a la exención de impuestos.

Los cargadores también están exentos del IVA…

Motores, cargadores y baterías para estas unidades están exentos de impuestos por diez años, que es lo máximo que nos permite la regulación guatemalteca.

¿Qué contempla esta ley?

Es una norma congruente, integral, que abarca todos los sectores. Hablamos de vehículos particulares, camiones, buses, de transporte público, trenes, teleféricos, tranvía, entre otros.

También contempla la instalación de puntos de carga…

Por supuesto. Para hacer esta nueva ley hubo que hacer algunos ajustes para evitar incompatibilidades con la Ley General de Electricidad.

Liberamos la posibilidad para que los agentes que hoy venden energía (que son los distribuidores, los comercializadores y el gran usuario) puedan también revenderla, acción que la Ley General de Electricidad prohíbe.

Pero en el caso de las electrolineras, el gran usuario podrá revender energía eléctrica únicamente al conductor del vehículo eléctrico.

¿Cómo trabajan con los diferentes actores del sector para incentivar la importación de vehículos eléctricos?

En Guatemala la Banca es muy activa. Hemos dialogado con ellos. Tal es así que ya hay dos bancos que hoy tienen planes de financiamiento y seguros para vehículos eléctricos. Entonces todos están totalmente involucrados e interesados en participar. Trabajaron con nosotros en la elaboración de la ley y ahora están a la espera de su aprobación.

¿Desde cuándo podrán estar vigentes las tarifas diferenciadas?

Ya están aprobadas. Ahora se está trabajando en la incorporación de medidores electrónicos para que la distribuidora pueda detectar el consumo y aplicar la tarifa de forma horaria. Ya está la parte regulatoria autorizada y falta la parte de inversión de la distribuidora, que se está desarrollando para usuarios comunes.

Se han hecho planes piloto con algunos sectores de la población. También se ha impulsado la instalación de cargadores en Guatemala, habiendo alrededor de diez enchufes en algunos centros comerciales y edificios.