La Asamblea Legislativa de Costa Rica avanza con respaldo mayoritario el proyecto de ley que permite a los autobuseros operar con vehículos más antiguos de lo que actualmente está permitido, elevando la vida útil máxima de 15 a 20 años.

Este hecho no solo podría provocar un impacto sobre la calidad del servicio y las tarifas del transporte público, sino que además significaría retrasar la incorporación de buses eléctricos y dar un paso atrás en materia de movilidad sustentable.

Es por ello que referentes de la electromovilidad trabajan para que los diputados no den el visto bueno a la normativa en segunda votación.

En efecto, mediante una carta solicitaron a los 57 legisladores considerar las posibles consecuencias que este hecho podría generar, demandándoles tener en cuenta los criterios técnicos e intereses de los usuarios del transporte público.

“Imploramos a quienes representan a la ciudadanía costarricense ir en contra del proyecto que permite tener buses más viejos, más contaminantes y más inseguros”, sostiene Mónica Araya, especialista en temas de descarbonización, cambio climático y transición energética.

La medida favorecería a aquellos autobuseros que poseen problemas financieros.

Al respecto, Araya considera que “la solución no es alargar la vida útil de las unidades porque el país necesita flotas nuevas cero emisiones que utilicen electricidad renovable en vez de gasolina y diésel”.

En este sentido, una alternativa podría ser diseñar medidas transitorias, como créditos blandos o subsidios, para las empresas de buses más pequeñas que cuentan con problemas financieros en zonas rurales o donde el acceso a esta tecnología es difícil.

“Buscan extender la antigüedad máxima para no perder las concesiones. Pero aunque sea una situación difícil la realidad es que las flotas más viejas no son seguras ni para los choferes ni para los usuarios. Es vital romper este círculo vicioso”, indica la especialista.

Costa Rica queda atrás en números de buses eléctricos

El país está avanzado en proyectos de movilidad sustentable: cuenta con la primera ley de movilidad eléctrica de América Latina, posee una creciente flota eléctrica de transporte liviano con 50 modelos y 23 marcas, la red de cargadores aumenta su cobertura y hay pilotos de buses y taxis eléctricos gracias a cooperación internacional, incluido un bus a hidrógeno en Guanacaste.

Además, existe la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), una Ruta Eléctrica y empresas que realizan la entrega de productos en motos y vans cero emisiones.

Sin embargo, en materia de transporte público eléctrico el país está atrasado. Mientras que en la región hay en funcionamiento 3.701 buses cero emisiones, Costa Rica no llega a las diez unidades.

“Santiago de Chile y Bogotá están mucho más adelantados que nosotros. Tenemos que ir adelante con la electrificación, pero para ello se necesita una ingeniería financiera diferente”, explica Araya.

Finalmente, vale mencionar que el Gobierno costarricense debe cumplir con el Plan de Descarbonización que fue presentado ante las Naciones Unidas (ONU). Pero contar con una flota de buses más antigua carbonizaría el transporte dificultando el cumplimiento de la promesa.