El Poder Ejecutivo enviará este mes a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que permitiría renovar las concesiones de bus por hasta un plazo de quince años.

Carlos Alvarado, presidente de la República, anunció en su discurso anual ante los diputados que “necesitarán el apoyo del Congreso para aprobar el proyecto de modernización del transporte público de buses” que se remitirá a la corriente legislativa en el transcurso de mayo.

La propuesta llegará contra el tiempo. A más tardar setiembre próximo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), junto con el Consejo de Transporte Pública (CTP), deberá renovar las concesiones para las rutas regulares de autobús.

Esa renovación de permisos para operar debería ir de la mano el plan de sectorización de buses para la Gran Área Metropolitana (GAM).

Sin embargo, hasta la fecha, se desconocen los alcances de ese plan. El CTP emitió a inicios de abril una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) en aras de esclarecer la legalidad de renovar por 15 años las concesiones de los servicios de autobús.

El plazo actual, de 7 años, está vigente desde 2014 y vence el próximo 30 de setiembre. Ya para esa fecha las renovaciones deben estar listas y los contratos refrendados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Pese a que el MOPT mantiene el tema bajo estricto hermetismo, el pasado 23 de marzo el jerarca Rodolfo Méndez Mata anunció que preparaban un proyecto de ley enfocado en renovar las concesiones por 15 años. Antes de eso la publicidad sobre el proceso era nula.

¿Por qué esta cantidad de años? Según la cartera, se daría el tiempo suficiente a los empresarios para comprar unidades eléctricas en acatamiento al Plan Nacional de Descarbonización y al Plan Nacional de Transporte Eléctrico. De esta forma, no tendrían que impactar bruscamente las tarifas al usuario para amortizar las inversiones.

El 23 de marzo pasado, Rafael Chan Jaén, representante del MOPT en el CTP, circuló en la sesión de junta directiva una serie de documentos relacionados con la consulta que se le haría a la PGR para esclarecer la viabilidad legal de la renovación de las concesiones por 15 años.

Luego, en la sesión del 6 de abril, la junta conoció el texto integral de la consulta que se le remitiría a la PGR. En esa oportunidad, Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, quien es directora del CTP, planteó una interrogante adicional para el ente procurador: esclarecer si aquellas empresas que no adquirirían unidades eléctricas pueden someterse a plazos de renovación menores a los 15 años.

Desde el 25 de febrero, informa CRHoy, la ministra planteó la recepción de numerosas reacciones negativas tras conocerse la propuesta de renovar las concesiones por esa cantidad de tiempo. Según la funcionaria, es necesario que la población conozca que la propuesta de renovación está sustentada en análisis realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.