La experiencia de Alfonso Blanco, referente de Olade, marca que las medidas para impulsar la propulsión de rodados cero emisiones debe ser específica para cada realidad grográfica y económica.

«El abordaje no es igual para todos los países. No es lo mismo un país que tiene 100% de renovabilidad dentro de su matriz a otro que es enteramente fósil», sostiene el directivo.

Los incentivos, las barreras y políticas públicas deben variar, tal como se observa en los marcos regulatorios de países que ya han dado pasos contundentes, como Costa Rica o Chile.

«Estamos tratando de apoyar a los países en materia de electromovilidad», se compromete Blanco.

Y asegura que «el tema está presente en toda nuestra agenda de trabajo» con los distintos ministerios de energía nucleados en Olade, siempre en línea con la diversificación de las matrices energéticas.

«Un tema que ponemos foco es que la electromovilidad no tiene que estar 100% centrada en el transporte individual, ya que dentro del consumo energético es una componente pequeña en la región», subrayó Blanco.

Según informes de la agencia Bloomberg, cada autobús eléctrico ahorra 0,5 barril de petróleo diarios.

En ese sentido, planteó: «Tenemos que tener estrategias bien desarrolladas para atacar los sectores de mayor consumo energético como el transporte público y de cargas».

En su opinión, es el principal desafío para Latinoamérica y el Caribe, considerando que «estamos hablando de políticas transversales desde el punto de vista institucional de los países».

Cabe resaltar que los compromisos internacionales de la agenda 2030 de Naciones Unidas han obligado a los gobiernos a repensar la política de movilidad pública en todo el mundo.

Sobre Olade

OLADE es un organismo de carácter público intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973, mediante la suscripción del Convenio de Lima.

Las autoridades del sector de Energía, teniendo como objetivo el compromiso solidario con la defensa de los recursos naturales de la Región y la cooperación técnica sobre políticas de desarrollo sostenible e integral y sobre medidas para enfrentar la crisis de precios del petróleo, iniciaron un intenso proceso de movilización política que culminó el 2 de noviembre de 1973 con la suscripción del Convenio de Lima, instrumento constitutivo de la Organización, que ha sido ratificado por los 27 países de América Latina y el Caribe:

América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
Caribe: Barbados, Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Suriname y Trinidad & Tobago
Centroamerica y México: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
País Participante: Argelia