En marco del Segundo Congreso de Movilidad Eléctrica, organizado por la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), Andrés Barentín, presidente de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible (ALAMOS), no solo se refiere a las regulaciones pertinentes a las instalaciones de puntos de carga sino que también apunta a la interoperabilidad.

“Probablemente existirán uno o dos conectores, esto es vital ya que si tenemos diferencias importantes entre países vecinos, no se puede viajar”, aclara. 

Además agrega que es necesario garantizar que la electromovilidad traspase las fronteras y enfatiza en que los países tienen que contar con “normativas congruentes” para promover el flujo vehicular. 

En lo que se relaciona al proceso de carga, se deben tener en cuenta varios elementos de estandarización. 

En esa línea, remarca que es imperioso que los mismos se cumplan a fin de permitir al usuario una experiencia libre de inconvenientes al momento de efectuar la carga. 

Otro elemento en el que también repara tiene que ver con el vínculo entre el usuario y el punto de carga público, instancia donde tienden a generarse situaciones que refieren precisamente a la interoperabilidad. 

“Se debería poder cargar con el medio de pago con el que cuenta el usuario” con el propósito de reducir fricciones y así “evitar llevar varias tarjetas y aplicaciones cuando no se posee el medio de pago”. Para Barentín estas son cuestiones que deben garantizarse tras haber invertido en la infraestructura de carga.

En cuanto a esta instancia, apunta varias cuestiones que se deben tener en cuenta previo a las instalaciones. Por un lado, imponer marcos normativos referentes a las instalaciones domésticas permitirá que se den de manera segura.

“Hay que garantizar estándares”, expresa y agrega que al incrementarse costos por reformas para una segura instalación dificultan que las mismas se concreten.

Las buenas prácticas deben cumplirse al momento de colocar cargadores domésticos, de lo contrario, la carga se vuelve poco confiable y deriva en falsas recargas. 

En términos del servicio público explica el valor que implica obtener el permiso para posteriormente planificar la instalación. 

“Tener una zona sin interferencias” es clave y verificar que el área sea factible para la instalación de puntos de carga evitaría futuros inconvenientes. 

Sin embargo, destaca que las normas y regularizaciones también deben atender la forma de cobro del servicio público y que la misma tiene que estar acompañada por una especificidad respecto a los cargadores privados instalados en edificios. 

En cuanto a la agenda pública, el presidente de ALAMOS remarca la importancia de atender de manera especial el mantenimiento de los puntos: la disposición de componentes fuera de servicio tienden a producirse debido a que “se producen bloqueos a los cargadores”.