En diálogo con Portal Movilidad España el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), Arturo Pérez de Lucía González, resaltó la importancia del anteproyecto que llega para convertirse en “inspiración” a la hora de actuar en torno a la transición a una movilidad más sostenible.

Pese a las expectativas que giran en torno a la ley, el pasado 1 de febrero fue la fecha pactada para la presentación del documento en el Consejo de Ministros, pero los intentos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) no fueron suficiente para cumplir la promesa y la medida no llego a tratarse.

Esto ya se ha visto. En diciembre el presidente Pedro Sánchez apresuró el trabajo del recinto con la finalidad de aprobar una serie de medidas estrellas que tenía dentro de su legajo, se nombró a la movilidad sostenible, pero nuevamente los plazos no se cumplieron y quedo como asunto pendiente para el 2022.

Hoy en día la promesa se renueva por parte del Ministerio y se espera que en las próximas semanas se definan los últimos argumentos pendientes de la regulación. 

La normativa toma vital relevancia al pensarse en la idea de que esta «permite dotar de rango de ley a todos los impulsos que se están abordando en esta materia».

Es así que entre los principales puntos MITMA buscaba regular la Financiación del transporte, por medio de la incorporación de un ordenamiento jurídico que permita establecer un sistema de financiación basado en criterios estables, predecibles y proporcionales.

Asimismo, se plantea ampliar subvenciones y ayudas, desarrollando las regulaciones necesarias para asegurar la coherencia del sistema.

Todo esto, teniendo en cuenta las diferentes asistencias que ya otorgan las Administraciones públicas, eliminando posibles duplicidades y aumentando su eficacia.

La planificación y la financiación de las infraestructuras de transporte son otros de los focos a trabajar, cómo así también el fomento de la movilidad sostenible por medio de la inducción de medidas para avanzar en la sostenibilidad del transporte y el desplazamiento por las ciudades.

Además, otros aspectos como la investigación e innovación en transporte y movilidad, la regulación de la logística y distribución urbana de mercancías, la mejora de la competitividad del transporte y el desarrollo de instrumentos para la gobernanza y participación pública de la movilidad.

Por ello, Arturo Pérez de Lucía González destaca que en el proceso se ha sabido convocar a los agentes involucrados y/o afectados y que ha tratado de recoger todas las voluntades.

A lo largo del proceso operadores de buses, fabricantes de cargadores y vehículos eléctricos, los usuarios y hasta las comunidades autónomas fueron consultados, con el fin de que sus voces queden plasmadas.

En medio del proceso de diseño del anteproyecto MITMA ha lanzado una consulta pública con el fin de recibir aportaciones hasta el pasado 15 de noviembre.

“Obviamente, no se puede nunca hacer una ley que cumpla al cien por cien con los deseos de todos, pero creo que se ha buscado el máximo consenso y eso es importante a la hora de desarrollar  una normativa que nos va a afectar a todos de un modo u otro”, reconoce en este sentido.

Además, hace énfasis en los conceptos que la ley toma.

En este punto explica: “Es relevante destacar que se incorpora en la normativa a la movilidad como algo por encima de los servicios de transporte. Sobre esta idea el Estado podrá regular con un enfoque alineado con la literatura internacional y lo que están haciendo otros países”.

Cabe destacar que la normativa no contará con la potestad de resolver problemas puntuales, sino que la clave está en la posibilidad de que funcione como facilitador de consensos políticos y territoriales con pleno respeto del reparto competencial.

En este sentido, cuestiones como las zonas de bajas emisiones podrán estar contempladas en el documento, pero finalmente la ejecución quedará en manos de cada comunidad autónoma como ya se ha visto hasta el momento.

En este sentido, cabe recordar que la ley aborda cuatro ejes: 

• La movilidad como un derecho social.
• Una movilidad limpia y saludable.
• Un sistema de transporte digital e innovador.
• Generar inversiones al servicio de los ciudadanos.

En estos pilares, la movilidad eléctrica tiene su cuota de aportación y representatividad.