Con ansias de iniciar un nuevo año, Arturo Perez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), en diálogo con Portal Movilidad España realiza un balance de los hitos que han marcado este 2022 en materia de electromovilidad.

¿Cómo cierra este 2022 AEDIVE?

Con un balance muy positivo en cuanto a crecimiento cuantitativo y cualitativo de socios de AEDIVE. Esto significa reforzar la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios del sector, que nos permite trabajar con más recursos y capacidades y potenciar la generación de negocios entre asociados y el papel de la asociación como representante empresarial ante las administraciones públicas.

¿Cuáles fueron los ejes en los que más han podido profundizar en este ciclo?

Hemos avanzado en los grupos de trabajo internos, en colaboración con el ecosistema empresarial de AEDIVE, para resolver diversas cuestiones asociadas a las infraestructuras de recarga (barreras, mapa de puntos de carga, metrología).

Así como a los servicios de movilidad compartida, de última milla, de proyectos industriales como el PERTE VEC y de financiación, además de trabajar para acelerar modelos de negocio y sinergías entre nuestros asociados.

Se ha puesto el foco fuera de España también, ¿no?

La internacionalización ha tomado un papel importante.

Con la mirada puesta en Europa, la regulación este año venía marcada por el paquete Fit for 55 y la AFIR, y en Latinoamérica, mercado que consideramos clave y en el que tenemos que sentar las bases de la regulación de sistemas de carga y conectores, frente a la llegada masiva de vehículos eléctricos procedentes del mercado asiático.

¿Se ha avanzado en los retos pendientes del sector y en la electromovilidad este año?

En España tenemos claro el objetivo y las herramientas para impulsar la movilidad eléctrica.

Se ha regulado, se han analizado las amenazas, se han identificado errores, se han propuesto soluciones y ahora queda que el Gobierno las ejecute y pase a la acción, para no transformar el entusiasmo en frustración y porque no podemos seguir dándole vueltas, año tras año, a los mismos problemas que lastran el sector y el mercado.

Tenemos que hacerlo en estrecha colaboración público-privada, también desde la colaboración público-público y con una importante agilidad administrativa, que ahora mismo está sujeta a una sobrecarga de actividad y falta de recursos que ralentiza, por efecto dominó, al resto del ecosistema.

¿Y cuáles serían esas acciones?

Las inmediatas, sin duda, una reforma fiscal. Se debe incluir en el IVA a los eléctricos  y aplicar al MOVES las mismas ventajas que otros incentivos, como los de la eficiencia energética en la edificación, del RDL 19/2021.

La eliminación de barreras a la infraestructura de carga pública y vinculada también son importantes… El Gobierno dispone ya de toda la casuística que lastra este sector y confiamos en que muy pronto empecemos a ver los resultados en el mercado.

Asimismo, una ley de Zonas de Bajas Emisiones debe ser publicada prontamente, para que los ayuntamientos puedan trabajar en sus ordenanzas.

El mercado de vehículos eléctricos ha ido creciendo, ¿ha sido suficiente?

Menos de lo deseado porque todavía nos falta estar a la altura de mercados tan cercanos como el de Portugal. Pese a esto, prevemos acabar el 2022 en torno a las 100.000 matriculaciones, lo que supone un hito y la verdad es que, visto el panorama que nos dibujó casi a principios de año el conflicto en Ucrania y con ello, la inflación, la crisis energética y otros desafíos, lo intuíamos peor.

Aun así, los próximos ocho años tendremos que matricular del orden de 600.000 vehículos eléctricos por año hasta 2030 para llegar al objetivo del Gobierno de 5 millones. 

Sin ejecutar las acciones comentadas antes, no lo lograremos.

¿Cómo puede detenerse el crecimiento de las matriculaciones de vehículos antiguos?

Afrontamos un contexto en la movilidad del futuro y a nivel industrial, donde cada vez hay menos oferta de vehículos nuevos por debajo de 20.000€, en combustión y en eléctrico, y además se están vendiendo cada vez más coches usados y avejentados, lo que no solo atañe a la calidad del aire, sino también a la seguridad vial.

Al margen de puntuales problemas de stock en la actualidad, se producen menos coches, con más equipamiento, tecnología, seguridad y rentabilidad para el fabricante, pero menos accesibles a un público con menor poder adquisitivo, cuando ha habido en los últimos años un incremento medio en el PVP de los vehículos del 26%.

Además, los datos del CIS de marzo de este año señalan que el 35% de los españoles llega justo a fin de mes, el 11% necesita tirar de ahorros y más del 5% tuvo que endeudarse.

¿Todo esto hacia dónde nos lleva?

Tenemos que pensar en soluciones de compra por suscripción, como el renting, o de pago por uso, como la movilidad compartida, irán adquiriendo cada vez mayor protagonismo.

También, esperamos un incremento en la adquisición de vehículos eléctricos ligeros para un uso urbano, más competitivos en precio y que cumplen con el 80 o 90% de las necesidades de movilidad de una amplia mayoría de la población, que luego puede usar otras soluciones de pago por uso para desplazamientos largos en contadas ocasiones.

Desde la movilidad eléctrica, el sector se está preparado para dar una respuesta eficiente en paralelo con la propiedad del vehículo.

El Gobierno español está jugando un rol central en la transición, ¿podría puntuar su desempeño?

No podría ponerle una nota global, porque cuando hablamos del Gobierno, parece que nos refiramos a un ente que actúa en gregario y realmente no es así. Hay ministerios muy comprometidos y otros que van en direcciones desacopladas o poco alineadas.

¿Cuáles serían los poco alineados?

Hacienda no parece atender a las señales que les vamos trasladando diversos agentes sociales desde el sector y sin una política fiscal que acompañe, nos costará alcanzar los objetivos de electrificación del Gobierno a 2030.

A los demás ministerios les pondría los recursos necesarios en equipo humano para poder hacer los deberes a tiempo, porque si bien su voluntad es buena, la sobrecarga de trabajo está haciendo que se acumulen cosas que quedan pendientes.

Poniendo el foco en la ejecución del PERTE VEC, ¿deberían replantearse las bases de cara a una nueva edición?

Sin duda. Plantearía por qué en países como Francia, Italia o Portugal, los proyectos han avanzado y si el esquema propuesto en España es el más adecuado.

Ha habido escasa flexibilidad, agilidad y recursos humanos, poco tiempo y transparencia para que los fondos lleguen a los destinatarios finales. Es así que los resultados de este PERTE VEC y el hecho de que haya proyectos que se hayan descolgado pone de manifiesto que algo no ha funcionado.

Pienso que el ministerio de Industria es plenamente consciente de ello y que ya trabaja para corregirlo.

¿Se puede profundizar al respecto?

Ha faltado apoyo a proyectos industriales y las fábricas españolas necesitan músculo financiero para actualizarse y adaptar su producción a nuevas plataformas que les permitan seguir siendo competitivas en el nuevo escenario de la electrificación. Esto es algo que no podemos retrasar si queremos seguir siendo un pulmón industrial de la automoción en Europa y en el mundo.

Del mismo modo, hay que hacer una reflexión sobre qué impulso y representación se le ha dado a la pyme en este plan, cuando se pretendía reforzar esta parte fundamental del tejido productivo en España y mucha pequeña y mediana empresa nos traslada su descontento y desánimo a la hora de optar a futuras ediciones.

El 2023 estará marcado por un fuerte contexto electoral, ¿Cómo repercutirá en la electromovilidad?

Espero que no impacte o que, si lo hace, sea en positivo. Uno de los principales objetivos de AEDIVE es trabajar con los grupos políticos para evitar que la movilidad eléctrica esté asociada a colores e ideologías.

El vehículo eléctrico es movilidad sostenible, que es un objetivo que ningún grupo político debería cuestionarse ya, pero también es eficiencia energética, que debería ser un eje estratégico de cualquier gobierno, ya sea estatal, regional o local.

¿Qué riesgos aparecen en este marco electoral?

El no apostar por la electrificación en la movilidad, lo que podría verse como pegarle un tiro en el pie a una industria potente, a la competitividad y al empleo sostenido en España.

También debe tenerse en cuenta a los fabricantes, que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para acelerar su transformación con mayor ambición, incluso, que la de las administraciones públicas. No hacerlo, dejaría además vía libre al mercado asiático, que viene para competir con fuerza en el viejo continente.

En el ámbito de la movilidad urbana, hay que tener en cuenta que el 2023 arrancará con una veintena de ciudades de más de 50.000 habitantes que habrán activado sus zonas de bajas emisiones, del total de los 149 municipios afectados. Esto, debido a que todavía no se ha publicado la ley, que es la que a juicio de la FEMP otorga seguridad jurídica a los ayuntamientos.

Preocupa qué sucederá a lo largo del año que viene, en un marco de elecciones que podría retrasar aún más la puesta en marcha de dichos planes.