Ayelén Portaluppi
Por Ayelén Portaluppi
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En la gran mayoría de los países de la región los impuestos a los combustibles fósiles representan el 50% del valor en surtidor y por eso se han convertido en un recurso significativo para los Estados Nacionales.

Lo que pareciera un desincentivo, en realidad, termina siendo una medida que mantiene el status quo, por la necesidad de los Gobiernos de sostener estos ingresos. Más ahora, por la crisis que genera el Covid19 en toda la región, sin excepciones.

Juan Carlos Pizarro, abogado, socio del estudio A Legal Group, advierte que por este motivo las medidas para estimular electromovilidad avanzan a un paso lento.

“En Costa Rica estamos al borde del precipicio financiero. El Estado necesita desesperadamente ver de dónde saca plata para financiarse. No va a soltar este ingreso, políticamente no es factible”, menciona.

Actualmente lo recaudado es para infraestructura en carreteras y destinarlo al fomento de la movilidad eléctrica implicaría una reforma legal.

Respecto a esto, indica: “Con la coyuntura que atravesamos y la situación fiscal apremiante no sucederá. Por el momento los usuarios y la industria se tendrán que contentar con las exoneraciones y beneficios existentes”.

Las leyes que impulsan la transición suelen otorgar permisos de circulación, exenciones en las patentes o en la importación de unidades, en cuanto a incentivos financieros corren por cuenta de los privados.

“La opción viable para avanzar en la sustitución del parque automotor es recurrir a la banca, especialmente privada, para financiar la compra de vehículos. Deberían competir entre sí por las tasas preferenciales”, opina Pizarro.

“La movilidad eléctrica ha crecido, pero además del bolsillo, depende mucho de las creencias. Todavía existe el miedo a que no rindan los vehículos, que no sea suficiente la potencia o no tener dónde cargar. Es cuestión de educación”, comenta.

Ecuador, que exporta crudo e importa derivados, liberó el costo del combustible al mercado internacional, pero el 12% que respecta al IVA sigue vigente.

Al momento no generó impacto en la sociedad porque el precio del barril permanece bajo, pero expertos consideran necesaria una política pública para ahorrar divisas en la compra de combustibles.

Luis Paredes, ingeniero eléctrico, magister en gestión de energías y candidato a PHD. en ingeniería eléctrica, analiza la situación de la transición a la movilidad eléctrica con una sustitución de servicios.

“Los fondos destinados al combustible se podrían utilizar para infraestructura de carga rápida, fomentar micromovilidad y potenciar los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica”, menciona.

En tanto agrega: “La toma de decisiones de la ciudadanía sigue muy ligada al precio. Otra opción es plantear la quita del IVA en el suministro eléctrico a los usuarios de movilidad eléctrica”.

No obstante, refiere que para que eso sea tomado como una política macro debería estar acompañado por el fomento a la producción nacional para evitar la salida de divisas y considerando la volatilidad de las monedas de la región.

En Colombia, el sector transporte consume cerca del 40% de la energía del país, concentrada en combustibles fósiles, de la cual el 24% es útil y se traduce en pérdidas por 3.000 millones de dólares.

En el caso de Argentina, para el año 2019, los subsidios a los combustibles fósiles representaron el 5% del presupuesto nacional y que son responsables por el 7% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país.

YPF, petrolera en manos del Estado, paga casi un 60% en impuestos sobre la venta de combustibles y este año, deberá aportar al fisco entre 250 y 300 millones de dólares en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

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