El Ministerio de Energía y Minas aprobó disposiciones sobre la infraestructura de carga y el abastecimiento de energía eléctrica para la electromovilidad (Decreto Supremo N.° 022-2020-EM), norma que impulsa el desarrollo de esta actividad; sin embargo la norma no sería suficiente, pues se requiere de mucha regulación complementaria para hacerlo, según la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en el Perú (AEDIVE PERÚ).

Javier Peón, presidente de AEDIVE PERÚ indica que debido al retraso en la regulación, el Perú está perdiendo la oportunidad de acceder a fondos internacionales para impulsar el desarrollo de la electromovilidad.

“Hay grandes fondos internacionales y grandes estrategias transnacionales que están buscando proyectos para financiar, pero se van a países donde ya las regulaciones existen y permiten una proyección a mediano y largo plazo. Los países que no tienen esa regulación desarrollada es difícil que reciban esas inversiones de los órganos internacionales que están buscando proyectos. Además, si la regulación no se orienta a promover e incentivar sino sólo a establecer nuevos requisitos y obligaciones, podemos estar creando nuevas barreras de entrada a las nuevas tecnologías. Debe existir un equilibrio”.

Explica que la novedad del Decreto Supremo N.° 022-2020-EM es que por fin hay una regulación para infraestructura de recarga. Sin embargo, no aborda en pleno la regulación de la movilidad eléctrica, como sí sucedía en mayor medida en el proyecto de Decreto Supremo, y por el contrario deja estas precisiones para la reglamentación.

“Le da un plazo muy largo de más de 200 días”, por tanto no se han concretado los detalles reglamentarios, a pesar de que son fundamentales.

El representante señala que la demora en la transición a la electromovilidad está haciendo que el Perú retrase sus beneficios pues, además de los beneficios ambientales, incorporar consumo eléctrico al transporte ayudaría a equilibrar el sistema y a abaratar los costos de energía para todos los consumidores. Apostar por una estrategia de descarbonización, representaría un ahorro para la economía peruana de más de 100 mil millones de dólareshasta el 2050, según previsiones del Ministerio del Ambiente y el BID.

“Hay que tomarse en serio esas previsiones. Estamos dilapidando recursos que son muy necesarios para mejorar la sanidad, la educación y las infraestructuras. La movilidad eléctrica es una cuestión de eficiencia económica. No necesita hidrocarburos, son muchos barriles de hidrocarburos que evitamos importar por miles de millones de dólares al año. La cuenta en general para el país es muy favorable, si consideramos todas las ventajas que tiene la movilidad eléctrica”, puntualizó.

Para alcanzar esta meta, es necesario que se tome en cuenta la opinión del sector privado y que esta se vea reflejada, por ejemplo, en posteriores decretos.

“Nosotros, como AEDIVE PERÚ, hicimos veinticinco propuestas de mejora al proyecto del Decreto Supremo y no vemos que se haya considerado ninguna. Nuestros socios consensuaron esas posiciones, empresas muy importantes del sector eléctrico, de la automoción, universidades, fondos de inversión, empresas de tecnologías digitales.»

Peón concluye: «Sería bueno que ese aporte del sector privado y de un gremio multidisciplinar especializado en movilidad eléctrica como es AEDIVE PERÚ, se produjera con un carácter más estratégico, en una Agencia Nacional o una Mesa Intersectorial para la Electromovilidad, que englobara a los distintos ministerios involucrados y a todo el que tenga algo que decir sobre movilidad eléctrica, concebida globalmente, y que debe articularse en una Estrategia Nacional de Impulso a la Movilidad Eléctrica”.