Si bien en los últimos años España ha comenzado a integrar la movilidad eléctrica en nuevas legislaciones, aún son muchos los puntos pendientes de revisión.

Uno de los que más suscita debates es el que se refiere a instalación de infraestructura de recarga.

Las críticas habituales son a las demoras en permisos para operarlas, o el lento despliegue en muchas zonas del país. Pero desde la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica señalan como una gran barrera las trabas que aún hay a la hora de instalar cargadores en vía pública.

“Colocar una estación de carga en la vía pública es un uso privativo del espacio, como puede serlo en un vado, por lo que tienes que pagar una tasa”, explica Cándido García, Presidente la FUNME, a Portal Movilidad.

El experto considera que esto desincentiva el despliegue de la infraestructura necesaria y, por consiguiente, repercute en menor interés del ciudadano por el vehículo eléctrico ante la incertidumbre sobre cómo cargará su coche.

En ese sentido, mayores facilidades para la instalación en la vía pública permitirían que las empresas colocaran cargadores a un mayor ritmo que el actual.

Asimismo, el panorama es especialmente excluyente para amplios sectores de la sociedad.

“En Madrid, para una persona con discapacidad no sería viable tener este tipo de vehículos”, sentencia el Presidente de la fundación.

Si bien estas personas están exentas de pagar la tasa de uso público, emplazar un punto de carga en su estacionamiento reservado en la calle sigue siendo un coste difícil de afrontar.

“Las empresas le van a cobrar a estos usuarios muchísimo por el kilovatio para que le sea rentable instalar ese punto de carga, y a ese usuario va a dejar de serle conveniente tener un coche electrificado”, define García.

El problema es mayor cuando se considera que, según los estudios más recientes, cerca del 70% del parque vehicular duerme en la calle y no en garaje propio.

Esto imposibilita contar con un punto de recarga vinculado, es decir, aquel en el que se cargará habitualmente.

Por esta razón, la vía pública se convierte en un espacio esencial que, actualmente, no se aprovecha del todo.

Las licitaciones públicas, otra cuestión a revisar

El experto en movilidad define el panorama actual de licitaciones para instalación de puntos de carga como otro factor pendiente de revisión.

Tal es el caso en Madrid, donde estas fueron otorgadas a un pequeño número de empresas para el despliegue en vía pública, lo que hace que haya menos oferta y competitividad en precios.

“Esa licitación fue un error”, califica.

Desde la Fundación, cuyo principal objetivo es promocionar la movilidad eléctrica y atender a las necesidades de los usuarios, consideran que es frecuente que las administraciones no se dejen aconsejar, lo que puede derivar en medidas fallidas de este tipo.

“Nos olvidamos del ciudadano, pero es él el que cambia todo esto: si su experiencia no es buena, la situación no avanza”, concluye.