Las constructoras disputan a las energéticas la futura red pública de electrolineras. La patronal Seopan, a la que están adheridos grupos como Acciona, ACS, Ferrovial o Sacyr, trata de cerrar una alianza con el Gobierno para levantar 5.272 puntos de recarga para vehículo eléctrico, que se concentrarán en 598 electrolineras distribuidas en la red viaria titularidad del Estado.

El plan de las constructoras es estructurar el proyecto a través de un PERTE, dotado de 1.643 millones de euros de financiación.

La propuesta de Seopan permitiría al Estado mantener la titularidad de los puntos de recarga, lo que supone un desafío para los planes de las grandes energéticas como Iberdrola, Endesa, Cepsa o Repsol, que han comprometido inversiones multimillonarias a este negocio.

Seopan lanzó la propuesta al Gobierno este verano, pero es ahora cuando ha elevado la presión, coincidiendo con la recta final del año, cuando el Ejecutivo debe presentar a Bruselas la agenda al Plan de Recuperación, esto es, las actualizaciones pertinentes para desbloquear nuevos préstamos por importe de 80.000 millones a devolver de la Unión Europea.

La patronal del sector está empeñada en lograr la aprobación del PERTE por parte del Gobierno antes de la próxima Nochevieja, en aras de proceder a su licitación en lotes en 2023. El objetivo es iniciar la explotación de las electrolineras a partir de 2026, cuando se espera que el parque de vehículos eléctricos en España alcance el millón, 14 veces más que al cierre de 2021.

En su versión preliminar, los términos de la propuesta de Seopan establecen un marco muy ventajoso para el Estado. La idea de los gigantes de la construcción es inyectar por adelantado el 40% del presupuesto total del eventual PERTE, alrededor de 657 millones de euros.

El 60% restante, 986 millones, correspondería a la aportación estatal, que el Gobierno podría consignar en el plan de subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El planteamiento de la patronal incluye que las compañías que asuman la construcción y el enganche de las electrolineras a la red financien se hagan cargo de la aportación de recursos privados al PERTE.

Una vez finalizadas las obras, las constructoras empezarán a recuperar la inversión. Lo harán a través de la licitación abierta de la explotación de las electrolineras.

Este concurso iría destinado a las grandes energéticas, que deberán afrontar el pago de un canon (upfronten la jerga financiera) a las constructoras que han levantado las instalaciones. Los operadores energéticos que resulten adjudicatarios asumirán la gestión de las electrolineras. El Estado mantendrá la titularidad de la infraestructura.

De salir adelante, el futuro acuerdo permitiría a las grandes constructoras del mercado español recuperar el lustre perdido en territorio nacional, después de años de mala racha en los que los mayores referentes del sector han sufrido el fin de los megacontratos de obra pública y han tenido que renunciar a un importante volumen de ingresos recurrentes a raíz del fin de la explotación de las vías de peaje.

Está por ver cómo reaccionarán las grandes energéticas a la irrupción de un nuevo invitado inesperado a la fiesta de la electrificación.

Máxime cuando el Gobierno acaba de aprobar la obligación de las petroleras de instalar, antes de 2023, al menos un punto de recarga en aquellas gasolineras con ventas superiores a los 10 millones de litros de carburante en 2019. Un despliegue que, a diferencia del plan de Seopan, no implica contraprestaciones.

El plan estratégico de Endesa aspira a levantar 400.000 puntos de recarga, públicos y privados, para 2023. Iberdrola pretende sumar 110.000 en 2025, lo que supondría una cuota del 20% del total de instalaciones planificadas.

El objetivo de Cepsa es instalar 20 puntos de carga ultrarrápida a la semana hasta 2030, al menos uno por cada 200 km en los principales corredores interurbanos. Repsol se ha fijado llegar a los 1.000 puntos de carga rápida y ultrarrápida este año, según informó El Mundo.

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