La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) comparte con Portal Movilidad su visión sobre el desarrollo del sector de la movilidad eléctrica en el año extinto. Al respecto de sus acciones, desde la asociación destacan la articulación con el sector público.

“Desde la AMIA planteamos al Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México la firma de un acuerdo de colaboración, a fin de establecer lineamientos en los que ambas partes determinen la estrategia y acciones para alcanzar objetivos”, afirma la asociación. 

Y suma: “Consideramos necesario que los tres órdenes de gobierno trabajen en conjunto con la industria automotriz para perseguir mejores prácticas y la implementación de políticas públicas integrales que permitan aspirar a este ambicioso objetivo”.

En materia de obstáculos que ha tenido que sortear el sector, desde AMIA se reconoce como algunos el desabasto de semiconductores, el conflicto Rusia-Ucrania y las prórrogas en la regularización de vehículos de procedencia extranjera. 

También los paneles de resolución de controversias del T-MEC en materia de reglas de origen, política energética y la inflación generalizada.

Con estas condiciones, y según los registros hasta el mes de octubre pasado, en México se vendieron 3,462 vehículos eléctricos, 3,619 híbridos enchuifables y 32,396 híbridos, que suman 39,194 unidades.

“La participación por segmento en el total de las ventas sigue siendo marginal. Los eléctricos representan el 0.4%, los híbridos conectables 0.4% y los híbridos 3.7%”, sostienen desde AMIA. 

Al respecto del 2023, desde la representación se proyecta seguir articulando con el gobierno y generando acercamientos con el sector público. 

“Es importante fomentar una colaboración estrecha entre el gobierno y la industria para que se desarrollen las políticas públicas necesarias que promuevan la transición hacia la electrificación en México”, afirman desde la asociación. 

Por otro lado, se hace hincapié en los puntos sobre los cuales se debe trabajar para avanzar en la electrificación del sector automotriz. Ellos son: 

1. Incentivos al consumidor para la adopción de vehículos híbridos, híbridos conectables, eléctricos y de celda de hidrógeno.

2. Incentivos a la producción de vehículos con las tecnologías mencionadas.
3. Estímulos no fiscales, tales como el acceso gratuito a las autopistas urbanas, parquímetros con tarifas y sitios de estacionamientos preferenciales, entre otros.

4. Incentivos para la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura de recarga para vehículos en ciudades y corredores interurbanos.

5. Creación de un marco legal y normativo adecuado.
6. Campañas informativas orientadas a la población.
7. Asegurar el abasto suficiente de energía eléctrica de fuentes renovables que garanticen la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

“La falta de una política pública integral impedirá alcanzar las metas programadas en los plazos propuestos”, advierten desde el nucleamiento. 

Cabe destacar que este año tendrán lugar anuncios relevantes, como lo son la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la publicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la Electrificación del Transporte y la nueva norma para el tratamiento de baterías de vehículos electrificados. 

“Es importante que estos proyectos del gobierno federal para la transición a la electromovilidad se coordinen intersectorialmente y que podamos tener una política pública integral que nos permita avanzar en el tema”, afirma Fausto Cuevas, director general de AMIA, en conferencia de prensa. 

Luego, amplía: “Tenemos el compromiso de la secretaría de Economía de convocar a la cadena completa para conversar sobre el tema y determinar incentivos para producir tanto los componentes como los mismos vehículos”.

Con respecto a otras asociaciones, la Industria Nacional de Autopartes (INA), también aporta sus expectativas hacia el sector público. 

“Lo que esperamos en el marco de la transición hacia los vehículos de nuevas tecnologías son inversiones en torno a baterías de nueva generación. Ya hay acercamiento de varias empresas para estos fines”, declara Alberto Bustamante, director general de la asociación. 

Y añade: “También algo muy importante es la infraestructura de carga. Para ello se requiere el apoyo del gobierno. Solo de esa manera será posible su ampliación para dar el salto hacia la electromovilidad”. 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expresa su adhesión a esta agenda. A su vez, comparte su descontento, al igual que el resto del sector respecto a los denominados “autos chocolate”, cuya regularización se ha extendido por medida del gobierno federal. 

En el año que inicia, ya se palpitan roces con el sector público a partir de este tema. De hecho, desde AMDA se plantea el inicio de acciones judiciales para frenar la medida, aunque también se indica que se están haciendo esfuerzos por establecer acercamientos.